El 8 de mayo salió el Decreto 356/2015, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan las medidas expectionales para la gestión de los recursos hídricos.
Este decreto abre una ventana de esperanza para la regularización o ejecución de pozos durante el periodo de sequía.
Como puntos más significativos destacar los siguientes artículos:
5.1 Puesta en servicio y ejecución de sondeos.
De acuerdo con el artículo 55 del Texto refundido de la Ley de Aguas, la Presidencia de la Confederación Hidrográfica queda facultada para autorizar la puesta en marcha, por cuenta propia o ajena, de cualquier sondeo, cuente éste con instalación elevadora o no, que permita la aportación provisional de nuevos recursos, así como su asignación entre los distintos usuarios. Esta facultad incluye la puesta en servicio de sondeos existentes o la ejecución de otros nuevos en la medida en que sean imprescindibles para obtener los caudales suficientes con los que satisfacer las demandas más urgentes y para aportar recursos para el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos en los ríos y zonas húmedas, fijado en la normativa del plan hidrológico.
Su explotación no supondrá una merma en la calidad actual de las aguas circulantes por los cauces que las haga inadecuadas para los usos a los que se destinan y dejarán de utilizarse cuando desaparezcan las condiciones de escasez y en todo caso a la finalización del plazo de vigencia del real decreto y en ningún caso generarán nuevos derechos concesionales.
Artículo 8. Puesta en servicio de instalaciones de desalobración de aguas subterráneas.
1. La Presidencia de la Confederación queda facultada durante el periodo de sequía, para autorizar la utilización con carácter temporal y durante la vigencia de este real decreto de instalaciones de desalobración de aguas subterráneas, como apoyo y complemento a una dotación escasa. La autorización estará condicionada a la recogida y evacuación de las salmueras al mar, así como a cuantas otras condiciones pudieran imponer las administraciones competentes.
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